¿CÓMO SE DEBEN ESTABLECER LOS COSTOS PROCESALES? – CASACIÓN LABORAL Nº 16766-2019 HUÁNUCO

SUMILLA: Cuando la decisión del Colegiado Superior satisface los estándares exigidos en torno al respeto del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, al sustentar su decisión, respondiendo además a las alegaciones esenciales formuladas por las partes dentro del proceso, no incurre en vicio de motivación alguna.

FUNDAMENTO DESTACADO. –

Quinto. Solución al caso concreto

De la revisión de la Sentencia de Vista no se advierte que el Colegiado de mérito haya emitido una decisión aparente con relación a los medios probatorios aportados al proceso, toda vez que se ha expuesto las justificaciones fácticas y jurídicas que lo llevaron a determinar su decisión en mérito al análisis que realizó sobre las pruebas actuadas en el presente caso, llegando a la convicción de que los contratos modales suscritos por la demandante se encuentran desnaturalizados así como la correspondencia del bono por función jurisdiccional a favor de la demandante.

En ese sentido, no se evidencia algún supuesto en el que se haya vulnerado la observancia del debido proceso, toda vez que, la Sala Superior ha motivado y fundamentado su decisión en mérito al análisis de los medios probatorios aportados al proceso, determinando así la responsabilidad atribuida al Poder Judicial. Por lo cual, no se ha infringido el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, deviniendo en infundada la causal analizada.

Sexto. Sobre la causal material de la parte demandante declarada procedente

Respecto de la causal denunciada por la parte demandante referida a la Infracción normativa del artículo 411° del Código Procesal Civil, conviene citar el texto de la disposición invocada que describe:

“Artículo 411.- Costos

Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.”

Séptimo. Conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, el tema materia de controversia está dirigido a determinar si los costos otorgados en la sentencia de vista son los correctos pues a tenor de lo mencionado por la recurrente no se ha tomado en cuenta la actividad desempeñada por el abogado defensor.

Al respecto, es necesario precisar que de conformidad con lo prescrito en el artículo 418° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos por mandato expreso del artículo14 de la Ley Procesal de Trabajo N° 29497, la condena de costos se regula conforme al artículo 411° del Código Procesal Civil, son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial al que pertenece, siendo que la regulación de los mismos se encuentra a cargo del Juez quien los regula en atención a las incidencias del proceso, duración del proceso, la complejidad del caso, el monto de lo amparado, la naturaleza de la pretensión a tenor de lo estipulado en el artículo 412° del Código Procesal Civil .

El Tribunal Constitucional en la causa recaída en el Exp. N° 00052-2010- PA/TC, sobre los criterios que deben considerarse para fijar un monto por costos del proceso, ha señalado lo siguiente: “Que teniendo presentes las razones esgrimidas por el Juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes.

Bajo este contexto, el monto de los costos debe establecerse teniendo en cuenta: 1) la cuantía del asunto decidido; 2) La dificultad de las cuestiones debatidas; 3) el grado del éxito obtenido; 4) el grado de participación en el estudio, planeamiento y desarrollo del asunto del abogado patrocinante; 5) la duración del proceso, que implica tener en cuenta las instancias recurridas; 6) las pretensiones que han sido amparadas.

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