ME CORRESPONDE INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE POR DESPIDO ARBITRARIO, AUNQUE YA TENGA UN NUEVO TRABAJO

SUMILLA: El hecho que el trabajador haya prestado servicios a otro empleador durante el periodo que se encontró despedido, no significa que no tenga derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante, ya que de atender esta teoría, se estaría vulnerando el derecho del trabajador a conseguir ingresos propios para su subsistencia después del despido inconstitucional; por lo que, ello no debe servir para no otorgar o desmejorar el lucro cesante, ya que los ingresos adquiridos por el trabajador son el fruto del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo.

FUNDAMENTOS DESTACADOS. –

Octavo: Solución al caso concreto

El actor señala en su recurso de casación que la sentencia de vista materia de Litis incurre en infracción normativa del artículo 1332º del Código Civil, puesto que pese a que el colegiado de la Sala Laboral de Tacna, ha reconocido que el daño ha sido acreditado, empero, no ha tenido en cuenta dicha norma, puesto que durante el periodo que se encontró despedido, estuvo brindando servicios a otro empleador, percibiendo una remuneración; concluyendo de esta manera que no le corresponde el pago del lucro cesante, vulnerando así el derecho al resarcimiento del daño y el derecho al trabajo reconocido constitucionalmente.

Revisadas las sentencias de mérito, se advierte que se ha reconocido la acreditación del daño, consistente en el despido arbitrario ocurrido el treinta y uno de diciembre de dos mil diez; tal como este colegiado supremo, también lo verifica con las sentencias emitidas en el proceso de amparo, recaído en el expediente Nº 00466-2011-0-2301-JR-CI-02, que corren en fojas tres a diecisiete (primera instancia), y, dieciocho a veinticinco (segunda instancia).

Ahora bien, ante la existencia de un daño, tiene que haber una conducta antijurídica, la misma que supone aquel comportamiento que resulta opuesto al ordenamiento jurídico o contrario a derecho, el que también se encuentra acreditado con las sentencias emitidas en el proceso de amparo indicado en el párrafo precedente, teniendo de esta manera la certeza de la existencia de un acto antijurídico (el despido arbitrario jurídicamente declarado y con calidad de cosa juzgada); asimismo, en cuanto a la relación de causalidad, que se entiende en sentido abstracto como la relación de causa-efecto o de antecedente-consecuencia, entre la conducta típica antijurídica del autor y el daño causado a la víctima, igualmente ha quedado demostrado que el daño que sufriera el accionante, ha tenido como hecho generador, que la demandada haya procedido a despedirlo arbitrariamente conforme a lo determinado en las sentencias emitidas en el proceso de amparo seguido por el actor, coligiéndose que el daño acreditado, se produjo como consecuencia directa del incumplimiento de obligaciones de la parte demandada; y, finalmente, en cuanto al factor de atribución de la responsabilidad, el que está constituido por el dolo, la culpa inexcusable y la culpa leve, del mismo modo ha sido probado, atendiendo a que, la demandada ha procedido a despedir a la actora, a sabiendas que no existía una causa objetiva que motivara su cese, en tanto su accionar le produjo un daño al recurrente; concluyéndose de esta forma, que el accionante al haber sufrido el daño invocado, imputándose a título de dolo a la demandada y habiéndose establecido el nexo causal, le corresponde el derecho al pago de la Indemnización por los daños invocados, hechos que acredita el supuesto dañoso, cuya consecuencia implica la regularización del quantum.

Es así que, habiéndose establecido que al actor le corresponde el pago de la indemnización por daños y perjuicios solicitada, es pertinente tener en cuenta para el cálculo del resarcimiento, la aplicación del artículo 1332º del Código Civil conforme a lo señalado también el colegiado superior, puesto que este no puede ser probado en su monto preciso, por lo que, deberá fijarse con valoración equitativa.

En el caso concreto, el centro de la discusión es determinar el monto total a otorgarse por lucro cesante, el que está constituido por la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir por el demandante como consecuencia del despido que se produjo entre el treinta y uno de diciembre de dos mil diez hasta la fecha de su reincorporación, esto es el dos de mayo de dos mil trece; debiendo tomarse como referencia, las remuneraciones dejadas de percibir durante dicho periodo y teniendo en cuentas las aristas presentadas durante el proceso.

Al respecto, se debe entender que la obligación incumplida por el empleador se transforma en el deber de indemnizar el lucro cesante, puesto que ante un despido, como el que ha sufrido el demandante, se entiende que este dejó de percibir las remuneraciones que normalmente venía percibiendo por la demandada, lo que determina un perjuicio económico, que se hace atendible; dejándose de lado el hecho que el actor haya prestado servicios o no a otros empleador, durante el periodo de desempleo, ya que de atender a esta teoría, estaríamos vulnerando el derecho del actor a conseguir ingresos propios para su subsistencia después del despido inconstitucional; por lo que, ello no debe servir para desmejorar el lucro cesante, ya que los ingresos adquiridos por el actor son el fruto del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo, ya que de hacerlo, caemos en el absurdo que la víctima se pague así mismo el lucro cesante, y llegar al extremo de exonerar al victimario del daño, a no pagar la indemnización, trastocando las funciones de la responsabilidad civil, mucho más que aquello significa desplazar la responsabilidad a un evento fuera de la relación jurídica sustantiva que la motivó.

Siendo así, determinándose un perjuicio económico al actor, de acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, se hace atendible el lucro cesante pretendido por el actor; pero teniendo en cuenta que en el caso concreto, el resarcimiento del daño no puede ser probado en su monto preciso, se considera que este debe otorgarse en aplicación del artículo 1332º del Código Civil, conforme lo realizó el colegiado superior, tomándose como referencia y/o parámetro para ello, la última remuneración percibida por la demandante, así como el periodo dejado de laborar. Precisándose que el monto reconocido a favor de la demandante, no equivale a remuneraciones devengadas, sino a la valorización equitativa conforme lo faculta el artículo 1332º del Código Civil, pero teniendo solo como referencia la última remuneración, criterio que ya ha sido establecido por esta Sala Suprema en diversas casaciones, como las Casación Nº 5721-2011-Lima, Nº 2097-2013-Lima, Nº 4977-2015, entre otras.

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