COAUTORES DEL DELITO DE USURPACIÓN CON AGRAVANTES [RECURSO DE CASACIÓN N.° 1252-2021/HUAURA]

SUMILLA:  

El recurrente, sin perjuicio de fijar las causales correspondientes, debe consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. En el presente caso esta regla no ha sido cumplida. La exigencia de acreditar la posesión pacífica del sujeto pasivo como uno de los elementos objetivos del tipo delictivo de usurpación es evidente y así se ha sostenido reiteradamente por este Tribunal Supremo. No es menester reiterar esta doctrina. En todo caso, más allá del cuestionamiento a la de motivación de la prueba por los jueces de mérito, no se planteó una infracción normativa excepcional, ni se incorporó argumentos específicos, desde una perspectiva del ius constitutionis, que revele que se está ante un asunto jurídico de especial relevancia casacional.

FUNDAMENTO RELEVANTE

PRIMERO. – Que, cumplido el trámite de traslado a las demás partes, corresponde examinar si se cumplen las condiciones procesales (presupuestos y requisitos) del recurso de casación, conforme a lo dispuesto por el artículo 430, apartado 6, del Código Procesal Penal.

SEGUNDO. –  Que, en el presente caso, si bien se está ante una sentencia definitiva el delito más grave objeto de investigación no es procesalmente grave, pues la pena prevista para el delito de usurpación con agravantes es no menor de cinco años de privación de libertad: artículo 204, numerales 2 y 10, del Código Penal, según la Ley 30556, de veintinueve de abril de dos mil diecisiete. No se cumple lo estipulado por el artículo 427, apartado 2, literal ‘b’, del Código Procesal Penal.

-. En tal virtud, es de verificar si se invocó el acceso excepcional al recurso de casación, y si las razones que se exponen tienen una especial trascendencia casacional y permiten dictar lineamientos jurisprudenciales para uniformizar la interpretación y aplicación del Derecho objetivo, atento a lo prescripto por el artículo 427, numeral 4, del Código Procesal Penal. (…).

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