DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN AGRAVIO DEL ESTADO. [RECURSO DE APELACIÓN N.° 58-2022-SUPREMA]

SUMILLA:

  1. La intervención de la Fiscalía de la Nación en delitos de enriquecimiento ilícito se encuentra específicamente regulada en el artículo 41, segundo párrafo, de la Constitución y en el artículo 66, numeral 3, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se trata de una intervención previa a la incoación formal del proceso penal, a la formalización del procedimiento de investigación preparatoria. Es evidente, en estas circunstancias, que la Fiscalía de la Nación debe contar con la noticia criminal concretada a través de múltiples vías y, a su vez, realizar los actos de ordenación y/o de investigación que resultaran pertinentes y útiles al fin del esclarecimiento perseguido. 2. En el presente caso, la Fiscalía de la Nación, con fines de ordenación mandato destinado a una buena disposición de lo que debe hacerse, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua ante la denuncia presentada por un ciudadano, previa disposición, constató en los registros institucionales si existían denuncias o carpetas contra el denunciado HERESI CHICOMA; y, luego, con la información recabada, siempre con esa misma finalidad, derivó determinados extremos de las denuncias registradas a determinadas Fiscalías y se avocó exclusivamente al conocimiento del delito de enriquecimiento ilícito, identificando los hechos respectivos y su marco temporal. 3. La Fiscalía de la Nación desarrolló su actividad dictando las disposiciones y providencias pertinentes. Una de las notas características de la investigación en el Código Procesal Penal es la ausencia de formalismos rigurosos que encasillen la estrategia procesal del fiscal; la flexibilización de esta etapa procesal y las técnicas más dinámicas en su actuación son la piedra angular en el procedimiento de investigación preparatoria. Ello no significa, desde luego, que se quebranten las exigencias nucleares del debido proceso y de la tutela jurisdiccional, determinando una indefensión material del imputado o investigado.

FUNDAMENTO RELEVANTE:

  1. DE LOS CARGOS OBJETO DE IMPUTACIÓN

PRIMERO. – Que se atribuye al encausado SALEH CARLOS SALVADOR HERESI CHICOMA, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de San Miguel (periodo dos mil tres a dos mil catorce), haber incrementado ilícitamente su patrimonio, para lo cual se habría valido de presuntos “testaferros”.

2. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA DEL ENCAUSADO

SEGUNDO. – Que el encausado HERESI CHICOMA en su escrito de recurso deapelación de fojas doscientos cuarenta y ocho, de veintisiete de marzo de dosmil veintidós, instó la revocatoria del auto de primera instancia que denegósu solicitud de tutela de derechos. Alegó que se vulneró la garantía demotivación. Argumentó que existe error cuando el Juez estimó que laFiscalía de la Nación no realizó actos de investigación, pese a que sí lo eran;que no se trata de una simple separación de hechos y calificaciones jurídicas,pues se calificó lo que venía actuándose en otras carpetas fiscales y sedistribuyó las mismas, de suerte que lo abarcado en la carpeta fiscal 130-218se acumuló a lo comprendido en la carpeta 128-2019; que la primera carpetase quedó sin respuesta fiscal alguna. La calificación de la noticia criminal nose condice con ninguna de las facultades estipuladas por el artículo 334 delCódigo Procesal Penal en adelante, CPP. (…)

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