DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA-ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUMILLA: APELACIÓN INFUNDADA Y CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA

I. La cesación in comento se basa en la instrumentalidad, provisionalidad y variabilidad de la prisión preventiva.

II. Esta Sala Penal Suprema aprecia que en el auto de primera instancia no se vulneró el principio jurisdiccional de la motivación de las resoluciones judiciales, instituido en el artículo 139, numeral 5, de la Constitución Política del Estado.

En lo pertinente, se abordaron y desestimaron individualmente los agravios formulados en la solicitud de cese de prisión preventiva, del quince de enero del dos mil veintiuno, mediante respuestas suficientemente comprensibles, lógicas y razonables. Según se advierte, se desestimó el valor de la prueba personal documentada (deposiciones sumariales) y documental (diversas instrumentales) orientadas a refutar su vinculación delictiva y el peligro procesal, en su vertiente de riesgo de fuga y obstaculización probatoria. No consta que en la evaluación del nuevo material probatorio se haya transgredido la lógica, la ciencia o las máximas de experiencia, según el artículo 158 del Código Procesal Penal. Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1513, del cuatro de junio de dos mil veinte, artículo 2, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, ha proscrito la cesación de la prisión preventiva a los investigados por los delitos contra la tranquilidad pública y la administración pública, previstos en los artículos 317 y 395 del Código Penal, es decir, organización criminal y cohecho pasivo específico. No se esgrimieron agravios para inaplicar esta prohibición legal.

III. Adicionalmente, se destaca un aspecto no controvertido en el cuaderno incidental, esto es, en la data de la decisión apelada no se efectivizó la prisión preventiva, con lo cual, se afectó plenamente el curso regular del proceso penal. Por tanto, no hubo sujeción a las disposiciones judiciales y la fuga se materializó con nitidez. Este dato ha sido puntualizado en el auto de primera instancia respectivo, por lo cual, conforme al principio de buena fe y lealtad procesal regulado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil, será tomado como fiable. En ese sentido, subyacen motivos objetivos y razonables que justifican la vigencia de la detención cautelar. Así, los elementos de convicción incorporados en primera y segunda instancia, así como toda alegación referente a problemas de salud, per se, carecen de entidad epistémica para rescindir la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida de coerción personal. De este modo, el recurso de apelación se declarará infundado y el auto de primera instancia será confirmado.

                                                                                                                                                                                                                             FUNDAMENTO RELEVANTE: I. Procedimiento en primera instancia

PRIMERO. –  Mediante escrito del quince de enero del dos mil veintiuno (foja 59), NOÉ MÁXIMO CÁRDENAS ORTIZ solicitó la cesación de la prisión preventiva. Luego, a través del auto del veintiséis de mayo del dos mil veintiuno (foja 84), se admitió a trámite el aludido requerimiento y se convocó a las partes procesales a la sesión plenaria respectiva.

SEGUNDO. – En la audiencia, conforme al acta concernida (foja 129), se expusieron las alegaciones de los sujetos procesales intervinientes y se realizaron las réplicas y dúplicas respectivas. Después, mediante auto de primera instancia, del cinco de enero de dos mil veintidós (foja 131), se declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva. En ese orden, se estableció (…)

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