DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TRÁFICO DE INFLUENCIAS CON AGRAVANTES Y COLUSIÓN AGRAVADA EN AGRAVIO DEL ESTADO. [RECURSO DE APELACIÓN N.° 131-2022/CORTE SUPREMA]

SUMILLA:  

1. No puede estar en discusión la responsabilidad penal en que puede incurrir un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, en tanto en cuanto en nuestra Constitución histórica y, específicamente, en la Constitución vigente de 1993, se han previsto diversos sistemas para hacer efectiva tal responsabilidad, previa autorización por el Congreso de la República. 2. El presidente de la República solo tiene la prerrogativa de antejuicio o acusación constitucional que es un impedimento procesal, un privilegio procesal y, también, la de aforamiento es una prerrogativa procesal en cuya virtud el conocimiento de la causa penal corresponde originariamente a la Corte Suprema de Justicia de la República. Así lo prevén los artículos 99 y 100 de la Constitución, limitados por el artículo 117 de la Ley Fundamental. 3. La Constitución vigente autoriza la intervención del Congreso de la República para que, ante la presunta comisión de delitos que se cometan en el ejercicio de la función, pueda acusar al presidente de la República y derivar las actuaciones formadas al efecto al Ministerio Público y este al Poder Judicial para la incoación formal del proceso jurisdiccional. Si bien los términos del precepto constitucional reproducen los señalados en el ordenamiento procesal penal que regía en esos momentos en el país (Código de Procedimientos Penales de 1940: artículos 1 y 77, originarios el artículo 77 se modificó por la Ley 24388, de seis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, vigente cuando se promulgó la Constitución de 1993), no existe problema alguno en adaptar el mandato constitucional, manteniendo su esencia, a partir de un nuevo sistema procesal instaurado por el Código Procesal Penal de 2004. (…).

FUNDAMENTO RELEVANTE

PRIMERO. – Que la defensa del investigado CASTILLO TERRONES en su escrito de recurso de apelación de fojas doscientos sesenta y cinco, de treinta de junio de dos mil veintidós, ampliado por escrito de fojas doscientos setenta y dos, de cuatro de julio de dos mil veintidós del cuadernillo formado en esta instancia suprema, instó la revocatoria del auto de primera instancia y, en consecuencia, que se anule la disposición fiscal número seis, que dispuso la investigación preliminar contra su patrocinado. Alegó que el Iudex A Quo se pronunció por un aspecto no controvertido y omitió hacerlo por el punto controvertido no fue objeto de controversia el término “acusado” a que se refiere el artículo 117 de la Constitución, el cual es el estricto, esto es, requerimiento acusatorio; que se interpretó erróneamente el artículo 117 de la Constitución, pues la Ley Fundamental prohíbe el procesamiento del presidente de la República, y el vocablo “acusación” significa investigación, procesamiento o sometimiento hacia un órgano persecutor; que se inobservó el artículo 2, numeral 2, de la Constitución porque no se trata a su defendido igual que a los anteriores presidentes de la República; que el juez no puede afirmar lo que el constituyente no plasmó en la Constitución; que se vulneró el principio de taxatividad, pues no puede sostener que como no se encuentra prohibido investigar al presidente entonces se encuentra permitido hacerlo; que el juez erró al aplicar el precedente del Tribunal Constitucional recaído en el caso Lizana Puelles respecto del principio de interpretación constitucional de concordancia práctica, y que no existe impunidad, pues la inviolabilidad presidencial es solo temporal. Como apoyo a sus argumentos presentó el Informe Legal 112-2022-JUS/DGDNR, de veinte de junio de dos mil veintidós y un artículo jurídico del profesor Francisco Eguiguren Praeli s/f: http://palestra.pucp.edu.pe [vid.: fojas 294 a 307 del cuaderno de apelación suprema]. (…).

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