PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – PECULADO, EN PERJUICIO DEL ESTADO

SUMILLA:  

Esta Sala Suprema advierte que las pruebas de cargo con las que se pretendió corroborar la apropiación de los bienes no resultan suficientes para establecer la materialidad del delito ni un juicio de condena en contra de Carmen Reyda Mejía Alcedo, por lo que la absolución dictada a su favor se encuentra arreglada a derecho.

FUNDAMENTO RELEVANTE:

  1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DE LA REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA

PRIMERO. – Al fundamentar su recurso de nulidad (foja 1010), la apoderada legal de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada del Distrito Judicial de Huánuco solicitó que se declare nula la sentencia absolutoria y se ordene la realización de un nuevo juicio oral, ya que el Colegiado Superior no realizó una debida apreciación de los hechos ni compulsó adecuadamente la prueba. Sostuvo que:

1.1. La materialidad del delito primer hecho se acreditó no solo con el acta de compromiso del dieciséis de febrero de dos mil tres, en que la procesada se comprometió a devolver las diez planchas de calamina (como señaló la Sala), sino además con la declaración jurada de Josfat Reynoso Sotelo no cuestionada por la defensa (foja 247), quien sostuvo que recogió siete planchas de la casa de la procesada y faltaban tres. […].

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